¿Cuál es la situación actual?
Los derechos de la mujer e igualdad de género han progresado a nivel mundial en las últimas décadas. Actualmente hay más parlamentarias y jefas de Estado que hace 30 años. Es cada vez mayor el número de niñas y mujeres que estudian, más mujeres tienen acceso a anticonceptivos y menos niñas son sujetas al matrimonio infantil.
Sin embargo, sigue sin conseguirse la plena igualdad entre mujeres y hombres, por lo que el alcance del ODS sobre la igualdad de género aún queda lejos de alcanzarse. La pandemia de COVID-19 evidenció la fragilidad de los avances. En un mundo caracterizado por el constante cambio, el panorama dinámico plantea tanto desafíos como oportunidades para la igualdad de género. El desarrollo político y económico puede empoderar a las niñas y mujeres, otorgándoles nuevos roles y poder para tomar decisiones. El avance de las herramientas digitales y de las tecnologías innovadoras tiene el potencial de reducir las disparidades y brindar nuevas oportunidades a niñas y mujeres. Las nuevas tecnologías ofrecen un mayor conocimiento, participación e influencia social, además de mejores oportunidades económicas y un mundo digital más inclusivo. Para lograr esto, el desarrollo tendrá que basarse en una perspectiva de género. Nuestra responsabilidad colectiva es aprovechar esas oportunidades, asegurando que los avances en materia de igualdad de género no sólo perduren, sino que se fortalezcan con el tiempo.
La salud y derechos sexuales y reproductivos
Poder decidir sobre su propio cuerpo tiene que ver con la posibilidad de elección y, especialmente, con la dignidad de la persona. La autonomía corporal es necesaria para la igualdad de género.
En la última década, se ha progresado sustancialmente a nivel nacional e internacional en el fortalecimiento de la salud y los derechos sexuales y reproductivos por medio de diferentes políticas, leyes y otras medidas. Por ejemplo, se liberalizó la legislación sobre el aborto en países como Argentina, Colombia, Nepal, Mozambique y Camboya.
A pesar de estos avances, garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todos sigue siendo un objetivo que aún está lejos de alcanzarse. Todavía no se ha conseguido un consenso global acerca de las normas y valores relativos al derecho de las mujeres, niñas y personas LGBT+ a decidir sobre su cuerpo y vida sexual. El derecho a la autonomía corporal se convierte frecuentemente en blanco principal de los ataques de las fuerzas antidemocráticas. La educación sexual integral sigue siendo objeto de controversia, y en muchos países se siguen penalizando tanto el aborto como las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo. Además, numerosos países imponen restricciones a la libertad de expresión y asociación, impidiendo la promoción de los derechos humanos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBT+).
La baja representación de las mujeres, los jóvenes y los grupos marginalizados en los procesos de toma de decisiones que les conciernen contribuyen a una financiación deficiente de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y a la falta de prioridad política en este tema. Los embarazos no deseados en la adolescencia, el acceso limitado de los métodos anticonceptivos y las actitudes negativas hacia estos, crean desafíos para toda la vida en las niñas y mujeres.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) estima que 257 millones de mujeres que desean evitar el embarazo no utilizan métodos anticonceptivos modernos. En los países de bajos ingresos, las complicaciones del embarazo, incluidos los abortos no seguros, son la principal causa de mortalidad entre las niñas y las mujeres de edades entre 15 y 19 años. La tendencia positiva de disminución de la tasa de mortalidad materna se ha estancado en la última década. Fortalecer los sistemas de salud para incorporar un enfoque integral de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la atención primaria de salud, es fundamental para reorientar esta tendencia en sentido positivo.
La privación de derechos y el acceso limitado a los servicios y la información sobre salud sexual, autonomía corporal, prácticas perjudiciales, VIH, SIDA, enfermedades de transmisión sexual y menstruación hacen que a muchas les resulte difícil tomar decisiones informadas y seguras sobre su propio cuerpo y salud.
El nivel educativo es asimismo un factor esencial para la salud y la situación de vida de las niñas. Las niñas escolarizadas tienen menos probabilidades de ser sujetas al matrimonio infantil y corren un menor riesgo de embarazo precoz. Además, la escolarización prolongada reduce el riesgo de contraer el VIH. Por otro lado, el abandono escolar temprano de niñas acentúa la probabilidad de embarazos precoces, ya que estas adolescentes están cinco veces más propensas a quedar embarazadas. Los embarazos no planeados en la adolescencia se vinculan estrechamente con el matrimonio infantil, precoz y forzado, el cual, a menudo, dificulta la permanencia de las adolescentes en la escuela.
Las normas y prácticas discriminatorias y estigmatizantes plantean graves retos a niñas y mujeres con discapacidad de grupos indígenas y personas queer tanto para el acceso a educación sexual integral como a los servicios de salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, las personas con discapacidad pueden sufrir estigma respecto a su sexualidad. Además, las mujeres y niñas que usan drogas, están reclusas, o que venden sexo, se encuentran en situaciones más vulnerables, lo que dificulta su acceso a los servicios de atención para personas con VIH y a los servicios de salud sexual y reproductiva.
Violencia sexual y de género y prácticas perjudiciales
La violencia sexual y de género y las prácticas perjudiciales son problemas estructurales para el control de la sexualidad de niñas y mujeres. Están especialmente vinculados a leyes discriminatorias, roles de género y tradiciones familiares basados en la cultura y la religión, control coercitivo y distribución desigual del poder en detrimento de las mujeres. La violencia de género se refiere a todos los tipos de violencia: física, digital, sexual, psicológica, económica y doméstica, junto con el acoso sexual y de género. La violencia sexual y de género se extiende con frecuencia al mundo digital, y está asociada, a menudo, con la violencia y maltrato físico.
Las prácticas perjudiciales como los matrimonios infantiles y forzados, al igual que la mutilación genital femenina, son también formas de violencia de género. Estas prácticas limitan la autonomía corporal de niñas y mujeres y disminuyen su control de su salud sexual y reproductiva. Las prácticas limitan igualmente sus oportunidades educativas, acceso a servicios de salud, control de los recursos e ingresos, así como su participación en la sociedad y en el mercado laboral.
A escala mundial, el 27% de mujeres y niñas y mayores de 15 años han sufrido violencia física y sexual por parte del marido o la pareja en algún momento de su vida. Si bien la violencia de género daña principalmente a niñas, mujeres y personas LGBT+, los niños y hombres se ven también afectados. La violencia contra las madres y los niños puede transmitirse de generación a generación. Las plataformas digitales se convierten igualmente en escenarios de violencia de género. Las mujeres y personas LGBT+ sufren mayores niveles de violencia, acoso y amenazas en línea que los hombres.
Las formas múltiples e interrelacionadas de discriminación hacen que ciertos grupos, como las personas LGBT+, niñas y mujeres con discapacidad, de los pueblos indígenas y minorías étnicas y religiosas, sean particularmente vulnerables. Las niñas y mujeres jóvenes con discapacidad, especialmente con dificultades cognitivas, corren un mayor riesgo de ser víctimas. Las mujeres con discapacidad tienen cuatro veces más probabilidad que otras mujeres de ser objeto de violencia sexual y de género Las mujeres indígenas, en particular, han estado expuestas a graves actos de violencia de género, como la esterilización forzada, trata de personas, violencia sexual durante la migración y en situaciones de conflicto. La situación es particularmente difícil para mujeres indígenas y personas queer que defienden activamente sus derechos. La comunidad LGBT+ es vulnerable a prácticas perjudiciales que pretenden cambiar su orientación sexual y/o identidad de género. Las terapias de conversión pueden realizarse tanto por profesionales de la salud como por líderes religiosos.
En algunos países, las prácticas y normas culturales o religiosas se utilizan como justificación para someter a niñas y mujeres a prácticas perjudiciales. La pobreza y desigualdad social amplifican aún más la aplicación de estas prácticas. A escala mundial, se casan aproximadamente 12 millones de niñas cada año, siendo mayor la prevalencia de matrimonios infantiles en África Occidental y Central. Los niños también pueden ser víctimas de matrimonio infantil, aunque no en la misma medida que las niñas. Además, las repercusiones suelen ser más graves para las niñas. Las crisis causadas por la pobreza, catástrofes naturales, epidemias, guerras y conflictos aumentan el riesgo y la prevalencia del matrimonio infantil.
En el caso de las niñas, el matrimonio infantil puede resultar en embarazos precoces, aislamiento social, problemas de salud mental, abandono de la escolarización, participación limitada en el mercado laboral y un mayor riesgo de violencia doméstica. El matrimonio infantil priva a las niñas de autonomía para tomar decisiones sobre sus vidas y amenaza su trayectoria educativa, además de su participación económica, política y social. Cuando niñas dan a luz, aumenta su riesgo de sufrir complicaciones y su mortalidad. A escala mundial, se ha registrado en los últimos años una reducción en la proporción de matrimonios infantiles para niñas, aunque persisten variaciones regionales. La disminución más sustancial se observa en Asia del Sur, donde el porcentaje de niñas casadas ha caído de casi el 50% a menos del 30%. Sin embargo, el progreso debe acelerarse en 17 veces el ritmo de la última década para alcanzar el ODS de erradicar el matrimonio infantil de aquí a 2030.
La mutilación genital femenina es una forma extrema de discriminación y violencia contra niñas y mujeres. La intervención provoca profundas reacciones psicológicas negativas y complicaciones físicas severas y duraderas que, a veces, causan la muerte. La ONU estima que un mínimo de 200 millones de niñas y mujeres vivas actualmente han sufrido mutilación genital. A pesar de los avances logrados en algunos países, la práctica prevalece aún en varias partes de África y en determinados países de Oriente Medio y Asia. Las estrategias eficaces de lucha contra la mutilación genital femenina suelen implicar la cooperación con la comunidad local.
Igualdad de derechos económicos y participación igualitaria en el mercado laboral
El fortalecimiento de los derechos económicos de las mujeres es beneficioso desde el punto de vista socioeconómico. Es llamativo el impacto que tiene sobre la economía la limitada participación femenina. Los cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI) muestran que los países con bajos niveles de participación femenina en la fuerza laboral podrían aumentar hasta el 35% su producto interno bruto (PIB) si reducen la brecha de género en la fuerza laboral.
Las mujeres controlan una parte menor de los recursos del mundo que los hombres y afrontan disparidades en cuanto a oportunidades y derechos. Tienen ante sí obstáculos para conseguir una educación, acumular recursos económicos o propiedades, heredar bienes, participar en el mercado laboral formal e influir en la división del trabajo y las tareas del hogar. Además, existe una brecha salarial persistente a través de género. La división desigual de la responsabilidad y de las tareas del hogar a menudo afecta a la capacidad de mujeres para administrar eficientemente su propio tiempo y la posibilidad de tener un trabajo generador de ingresos. Una distribución más equitativa entre hombres y mujeres de las tareas de cuidado en el hogar no sólo aumenta la participación de la mujer en el mercado laboral, sino que también repercute favorablemente en las condiciones para la crianza de los hijos. Cuando los hombres asumen una mayor responsabilidad como padres o proveedores de cuidados, contribuyen a mejorar las condiciones en las que crecen los hijos y la salud de ambos cuidadores.
La estigmatización y discriminación de las personas queer generan una pobreza desproporcionada para esta comunidad. La falta de acceso a y finalización de estudios después de la escuela primaria reduce las oportunidades de progreso social y económico para las mujeres jóvenes y la comunidad LGBT+. Las normas que dictan que el lugar de la mujer es el hogar impiden frecuentemente la participación femenina en el mercado laboral. Además, retos tales como la falta de empleadores en conceder tiempo para la lactancia materna, o de ofrecer una licencia parental adecuada, junto con la falta de acceso a servicios de cuidado infantil son barreras para lograr la participación igualitaria de las mujeres en la fuerza laboral. Agrava aún más estos obstáculos la protección inadecuada de las mujeres y las personas queer, por parte de los empleadores, contra el acoso sexual en el lugar de trabajo.
El espíritu emprendedor puede ser una vía potencial para el empleo y el empoderamiento económico de las mujeres, pero las oportunidades para las mujeres empresarias suelen ser limitadas. Los estudios indican que la proporción de empresas dirigidas por mujeres disminuye a medida que aumenta el tamaño de la empresa. Influyen en esta tendencia varios factores, como las normas sociales, el acceso a los servicios de cuidado infantil, la falta de acceso a financiación, redes, mercados y tecnología. La falta de acceso a herramientas digitales y de capacitación para usarlas, unida a la escasa representación de las mujeres en puestos relacionados con las tecnologías de la información, impide a las mujeres beneficiarse de la transformación digital en curso y participar en ella.
Las mujeres son actores importantes de la agricultura y las pesquerías en los países de ingresos bajos y medios. Sin embargo, se enfrentan frecuentemente a retos relacionados con los derechos de propiedad de la tierra y el acceso a capital y a otros recursos. Esto afecta doblemente a las mujeres con discapacidad y a las mujeres indígenas, ya que lidian con otras barreras estructurales adicionales que, unidas a obstáculos basados en el género, refuerzan las desigualdades. Estos retos se ven exacerbados por el cambio climático. En muchas sociedades, las mujeres tienden a asumir más responsabilidad y tareas laborales no formales que los hombres, a la vez que la propiedad formal de la tierra está en manos de los hombres. Esta situación lleva a pasar por alto las aportaciones y necesidades de las mujeres, limitando su participación en procesos y decisiones que afectarán de modo importante a sus medios de vida.
Participación igualitaria en la vida política y pública
Promover el derecho de la mujer a participar de manera igualitaria en la vida política y pública es esencial para el buen funcionamiento de la democracia. Las mujeres asumen roles políticos en partidos, parlamentos y gobiernos. Son votantes e influyen en la toma de decisiones importantes a través del activismo, el liderazgo, las comunidades locales, el gobierno, las organizaciones, las empresas, los círculos académicos y los medios de comunicación. A pesar de ello, los estudios revelan la escasa representación femenina en la toma de decisiones a todos los niveles, en especial, de las mujeres expuestas a discriminación por motivos interseccionales.
Aunque las mujeres han logrado importantes avances en el ámbito político a varios niveles, la participación igualitaria sigue siendo un objetivo lejos de alcanzar y cuyo progreso es lento. En particular, el liderazgo político de los ministerios suele estar segregado en función del género. En la mayoría de los casos con representación política de mujeres en los ministerios, suelen ser en aquellos que se ocupan de temas típicamente percibidos relacionados con la mujer, como la igualdad de género, relaciones familiares, inclusión social, bienestar, pueblos indígenas y minorías, mientras que es menos probable que lo estén en los ministerios de economía, defensa e interior.
La investigación muestra consecuentemente que el liderazgo de mujeres en procesos políticos da lugar a decisiones que promueven la igualdad de género. Negociaciones de paz inclusivas, en las que mujeres actúan como mediadoras y activistas por la paz, resultan en acuerdos que abordan los derechos de la mujer e igualdad de género, cuyo potencial de sostenibilidad y durabilidad es mayor. La participación de la mujer e integración de la perspectiva de género en la reconstrucción postconflicto son decisivas para asegurar los derechos y la igualdad de niñas y mujeres en la sociedad.
La libertad de asociación es clave para la defensa de los derechos humanos en todos los sectores. Las organizaciones de mujeres, los sindicatos, los medios de comunicación, periodistas y defensores de los derechos humanos desempeñan un papel fundamental en la defensa y promoción de la libertad de asociación. Son fundamentales para influir en los cambios en las leyes laborales y familiares, y para garantizar el derecho de la mujer a un trabajo decente y la igualdad de derechos en el mercado laboral.
La exclusión, violencia y discurso de odio son factores que restringen las oportunidades y el compromiso de las mujeres y las personas LGBT+ hacia la participación política y en la defensa de los derechos humanos. Los gobiernos pueden, además, limitar la margen de acción de actores de la sociedad civil. Los avances logrados son precarios en una realidad donde las mujeres y personas queer son particularmente vulnerables a amenazas, ataques, acoso sexual, agresión y abuso. Esto también toma lugar en las plataformas digitales.
A pesar de las diferentes iniciativas para fortalecer la participación política de la mujer, sigue siendo difícil cambiar normas, actitudes y prácticas discriminatorias. En muchos lugares, la participación política sigue considerándose un dominio reservado a los hombres, y existe poco empuje para cambiar las condiciones estructurales que limitan la participación de las mujeres en la vida política y pública. Esto es evidente en los procesos de nominación dentro de las organizaciones y partidos políticos. La falta de acceso a redes y financiación hace que las candidatas fracasen. Acceso a una educación de calidad para todos puede desempeñar un papel transformador en el cambio de las normas, actitudes y prácticas discriminatorias, y proporcionar a mujeres el conocimiento necesario para su participación activa en la vida pública y política. La escuela es un ámbito de importancia decisiva para fortalecer la participación democrática de las niñas, a través de consejos estudiantiles y otros foros destinados a fomentar la participación y liderazgo de niños y jóvenes.
El cambio climático afecta de manera diferente
El cambio climático, desastres naturales y pérdida de biodiversidad son unos de los mayores retos de nuestro tiempo. Las crisis climáticas y naturales tienen ramificaciones adversas para producción de alimentos y seguridad alimentaria, y pueden agravar problemas relacionados con migración, crisis humanitarias, guerras y conflictos. La violencia y discriminación múltiple que afecta en particular a los pueblos indígenas, las personas LGBT+ y las personas con discapacidad, puede aumentar. Comparadas con los hombres, las mujeres se enfrentan sistemáticamente a un acceso limitado a los recursos y servicios, lo cual hace que las consecuencias del cambio climático y la degradación ambiental les afecten también de manera desproporcionada.
El cambio climático afecta negativamente a la salud de las mujeres de diversas maneras y les genera mayores desafíos de salud. Las mujeres embarazadas son particularmente vulnerables a la insolación y el agotamiento por calor. También se ven afectadas por el aumento de la propagación de enfermedades como la malaria y el dengue. El cambio climático puede además dificultar el acceso a alimentos nutritivos, mientras que los desastres naturales destruyen la infraestructura sanitaria y crean más obstáculos para el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a los servicios de salud.
La reducción de emisiones es fundamental para abordar la crisis climática. La adaptación al cambio climático y las medidas de prevención son imprescindibles para mitigar los efectos negativos del cambio climático en la sociedad, el medio ambiente y en la economía. Las mujeres se enfrentan frecuentemente a retos para adquirir los recursos que requiere la adaptación al cambio climático, lo que refuerza aún más las diferencias estructurales de género. Los pueblos indígenas se ven afectados de manera desproporcionada, ya que la contaminación ambiental y la perdida de tierra amenazan sus medios de vida. Además, las personas con discapacidad tienen que hacer frente al estigma y a barreras físicas y económicas que limitan sus posibilidades en relación con la agricultura. En los esfuerzos para construir comunidades resilientes al cambio climático, es fundamental que las autoridades nacionales y locales reciban apoyo para garantizar que no se reproduzcan la discriminación ni la exclusión.
Tienen que desarrollarse soluciones que tomen en consideración e incorporen las experiencias y necesidades de toda la población. Al mismo tiempo, la reestructuración brinda la oportunidad de poner un mayor énfasis en la igualdad de género.
Cambios climáticos afectan también a la agricultura, silvicultura, pesca y acuicultura, industrias que son vitales para la seguridad alimentaria. Muchos de los pequeños productores agrícolas son mujeres y se encuentran entre los más vulnerables al cambio climático y otros fenómenos naturales. Las mujeres de estos sectores se enfrentan a dificultades para acceder a inversiones económicas, redes de conocimiento y otros recursos tales como crédito y acceso a los mercados, lo cual les dificulta poder adoptar estrategias de adaptación. Los pequeños productores de alimentos a menudo están excluidos de la innovación tecnológica y de las decisiones políticas, y los avances tecnológicos se dirigen predominantemente a los agricultores, y no a las agricultoras.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la eliminación de las disparidades de género en los sistemas alimentarios podría aportar 1.000 millones de dólares adicionales al PIB mundial y garantizar la seguridad alimentaria de 45 millones de personas. Los pequeños productores de alimentos les falta organización y poder de negociación en los mercados. Estudios muestran que la pertenencia a organizaciones y cooperativas agrícolas puede aumentar los ingresos de los agricultores. Además, se puede defender y proteger los derechos de la mujer y los pueblos indígenas a través de cooperativas lideradas por mujeres, organizaciones de agricultores y pesqueras, unida al diálogo social entre las autoridades y los pequeños productores de alimentos.
La transición hacia una sociedad con bajas emisiones de carbono y la adopción de energías renovables presentan oportunidades sustanciales para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, la participación de mujeres en la formulación de la política energética y en la planificación y aplicación de medidas para acceso a energía y transición a energías renovables es limitada. La posición que ocupan las mujeres a nivel mundial y nacional y en los hogares implica menos probabilidades para ellas que para los hombres de ser identificadas como interlocutores relevantes y agentes de cambio en la transición ‘verde’. Para garantizar una transición exitosa es crucial la participación de niñas y mujeres en ambos la planificación y la implementación de medidas a nivel mundial, nacional y local.
Las mujeres participan menos que los hombres en las negociaciones y procesos en la toma de decisiones sobre el cambio climático, el medio ambiente y la seguridad alimentaria. Los activistas climáticos que promueven por la igualdad de género piden que la actuación climática tenga en cuenta el enfoque de género, pero existe un conocimiento limitado y escaso consenso sobre lo que esto implica en la práctica. Aunque los acuerdos sobre cambio climático incluyen objetivos de igualdad de oportunidades y de género, este enfoque rara vez se incorpora en las negociaciones y en los debates sobre soluciones concretas y mecanismos de financiación.
Existe la urgente necesidad de investigar más a fondo cómo el cambio climático afecta a las personas de manera diferente, en función del género y de otros factores. Persiste la falta de conocimiento sobre las conexiones entre el cambio climático, con el de género y salud, la transición a una energía limpia y la migración.